Los gobiernos europeos favorecen impuestos más bajos y apoyo financiero para los grupos vulnerables como una forma de reducir las crecientes facturas de energía de los consumidores. Estas medidas tienen una capacidad limitada para abordar el aumento de las facturas de electricidad. Cuanto más dure la crisis energética, más probable es que el gobierno recurra a políticas dirigidas a las empresas de servicios públicos, que ya se han visto afectadas y sus beneficios por políticas similares en el Reino Unido y Francia.
Es improbable que los precios de la energía bajen, ya que los esfuerzos de Europa para dejar de lado el gas ruso representan un desafío para los políticos. Las medidas dirigidas a los consumidores son costosas para el gobierno debido a los menores ingresos fiscales y al mayor gasto público. Otras medidas trasladan la carga de las facturas de electricidad a los servicios públicos, como la regulación de las tarifas minoristas o mayoristas, las normas obligatorias para las empresas estatales o los impuestos sobre las ganancias inesperadas.
Los proveedores fallidos del Reino Unido, como Bulb Energy, culparon a las tarifas eléctricas reguladas de sus fallas. Electricité de France, que está luchando bajo las nuevas regulaciones gubernamentales, emitió 3.100 millones de euros en nuevas acciones para apuntalar sus finanzas.
